Martes 01 de Diciembre de 2020

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.

Un tribunal moderno, certero y eficaz que brinda seguridad jurídica a la inversión, coadyuvando con la estabilidad
social del Estado Mexicano.

FISCALIZACIÓN MULTILATERAL.

La fiscalización transfronteriza y multilateral abre un espacio para encontrar nuevas brechas de evasión y elusión fiscal.

EL CONGRESO MEXICANO.

Un ente estabilizador de la inversión, desarrollo y catapulta de la seguridad jurídica en México.

Las reformas estructurales en materia económica, tributaria, presupuestaria y financiera. Un reto materializarlas
en la esfera de los ciudadanos.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

La teoría de la configuración del tributo, rompe paradigmas y fija los ejes para el amparo de las próximas generaciones.

PAGO DE DERECHOS INCONSTITUCIONAL
Cuando la contribucin se determina en base al valor de la transaccin.

El tema que analizaremos, ya ha sido definido por nuestra Corte a favor de los contribuyentes, pero es una herramienta poco socorrida. El tpico es la inconstitucionalidad del pago de derechos que cobra el Estado, cuando dicha contribucin se determina en base al monto de la contraprestacin o el valor del negocio por el cual se realiza determinado trmite, ya que el principio de proporcionalidad respecto de los derechos, no est relacionado con la capacidad contributiva del contribuyente, sino con el monto razonable que debe remunerarse a la autoridad, por el costo que se gener con motivo de la prestacin de dicho servicio o trmite.

Para entender el quid, debemos comprender que ni la capacidad contributiva del contribuyente, ni el acto que origin el trmite, inciden en clculo de los derechos a pagarse, cuando se realiza un trmite ante cualquier ente pblico, por ende, es inconstitucional que se pretenda cobrar un porcentaje sobre el valor de la transaccin, ya sea por actos mercantiles, civiles, fiscales o aduaneros, pues lo que importa en la determinacin de los derechos, es el costo del trmite per se, y no la cuanta de la negocio, pues ste es un elemento ajeno al costo del servicio, y origina que se trate de manera diferente a dos contribuyentes, an cuando ambos realicen un trmite idntico.

Pongamos como ejemplo, el derecho de trmite aduanero, regulado por el artculo 49, fraccin I, de la Ley Federal de Derechos, en el cual se cobra una tasa del 8 al millar, sobre el valor declarado para efectos del pedimento de importacin; en este caso, alguien que haya declarado en pedimentos una cantidad de $10000,000.00 pesos, pagar por concepto de derecho de trmite aduanero, una cantidad mucho ms elevada, que quien haya declarado $1,000.00 pesos, an cuando al Estado le cuesta lo mismo desplegar su maquinaria para prestar un servici idntico para ambos contribuyentes, por ello, se les da un tratamiento fiscal distinto, ante una situacin similar.

En el citado artculo 49, fraccin I, el legislador determin, que para el clculo del derecho no se atienda al tipo de servicio prestado ni a su costo, sino a elementos totalmente ajenos a stos, como sucede con el valor de las mercancas que haya manifestado el contribuyente en el pedimento de importacin, lo que produce que por un mismo servicio trmite aduanero-, los contribuyentes paguen una mayor o menor cantidad dependiendo del valor de las mercancas, recibiendo en consecuencia, un trato distinto por un mismo servicio, porque a pesar de que ser igual para todos los usuarios, el monto a pagar vara, dependiendo de un elemento ajeno a su costo.

Los casos en que el legislador respet la norma constitucional al crear derechos, es cuando se determina un monto fijo para su cobro, por ejemplo, los derechos por la expedicin de copias certificadas, la licencia de conducir o de construccin, permisos, registro, etc., pues en stos se determina una cantidad fija e inmutable, que se apoya en cunto le cuesta al Estado la prestacin del servicio, contrario a lo que sucede en el caso del pago de derechos de trmite aduanero, o la inscripcin de un crdito mercantil en el Registro de Comercio, donde se cobra una tasa sobre el monto de la transaccin.

Por ello, lo ms importante es comprender que el principio de proporcionalidad tratndose de los derechos, no debe entenderse tan amplio como cuando se analiza otro tipo de contribuciones, pues los derechos a diferencia de los impuestos, buscan determinar cul ser el costo promedio razonable que tendr a cargo el Estado para desplegar el servicio a favor de los gobernados, quienes pagan precisamente por dicho servicio, sin que por ello se llegue al extremo de que el Estado tiene la libertad total de establecer a su favor cualquier cantidad, sin lmites.

Revisemos el principal criterio emitido por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nacin, al respecto:

SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA.

Las leyes federales o locales que regulan los derechos por la inscripcin, anotacin, cancelacin o expedicin de certificaciones de actos jurdicos o documentos en un registro pblico, estableciendo que dichas contribuciones deben cuantificarse mediante un porcentaje o factor al millar aplicado sobre el valor econmico reflejado en estos ltimos, vulneran los principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artculo 31, fraccin IV, de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, pues para determinar su importe en esos trminos no se toma en cuenta el costo del servicio prestado por la administracin pblica, y se produce el efecto de que los contribuyentes paguen una mayor o menor cantidad dependiendo del monto de la operacin que d lugar a tales actos registrales, provocndose que por la misma funcin estatal se causen cuotas distintas, y aunque es cierto que esas contraprestaciones no necesariamente deben corresponder con exactitud matemtica al costo del servicio recibido, s deben fijarse en relacin con el mismo.

P./J. 121/2007

Accin de inconstitucionalidad 1/2007. Procurador General de la Repblica. 2 de agosto de 2007. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores.

El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprob, con el nmero 121/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. Mxico, Distrito Federal, a quince de octubre de dos mil siete.

Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta, Novena poca. Tomo XXVII, Enero de 2008. Pg. 2099. Tesis de Jurisprudencia.


Como se puede observar, en esta Tesis de Jurisprudencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nacin determin, de manera general, que es inconstitucional que cualquier legislacin de la Federacin, de los Estados y de los Municipios, que establezcan el pago de derechos por servicios registrales, -que deban cuantificarse mediante la aplicacin de una tasa al valor econmico de la transaccin que origine el trmite-, se cobren con distancia al costo de la prestacin del servicio, pues en dichos casos, se incluye un elemento ajeno a la prestacin del servicio, y ello origina que se trate de manera diferente a dos contribuyentes, ante trmites idnticos.

El argumento utilizado por la Corte, debe usarse por las empresas e inversionistas, trasladndolo dentro del juicio de amparo, a cualquier situacin en la cual el Estado intente cobrar a los contribuyentes una tasa o un factor al millar, por la prestacin de un servicio pblico, pues en todo caso podra haber creado un impuesto, pero no un derecho, ya que en ste ltimo solamente debe realizarse un estudio del costo que generar al ente pblico la prestacin del servicio a favor del gobernado, donde descansa precisamente el principio de proporcionalidad entre el importe que le cuesta al gobierno desplegar su actividad y la cantidad que debe pagarse por dicho servicio.

Para finalizar, cabe resaltar que nuestro mximo tribunal no slo ha declarado inconstitucional el caso general de los servicios registrales, sino otros temas particulares a nivel Estatal y Federal, como el pago del derecho de trmite aduanero, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 122/2006 y 1a./J. 129/2005, los derechos que deben pagarse por la inscripcin inicial o ampliacin de las acciones emitidas por sociedades annimas burstiles en el Registro Nacional de Valores, mediante la tesis 2a. LII/2009, y los Tribunales Colegiados de Circuito, en aplicacin a las tesis citadas, se declar inconstitucional tambin el pago de derechos por expedicin de copias certificadas, tesis XXIII.2o.9 A.



Por: Grupo Faras, Abogados Tributarios

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Grupo Farías, Abogados Tributarios.