Martes 01 de Diciembre de 2020

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.

Un tribunal moderno, certero y eficaz que brinda seguridad jurídica a la inversión, coadyuvando con la estabilidad
social del Estado Mexicano.

FISCALIZACIÓN MULTILATERAL.

La fiscalización transfronteriza y multilateral abre un espacio para encontrar nuevas brechas de evasión y elusión fiscal.

EL CONGRESO MEXICANO.

Un ente estabilizador de la inversión, desarrollo y catapulta de la seguridad jurídica en México.

Las reformas estructurales en materia económica, tributaria, presupuestaria y financiera. Un reto materializarlas
en la esfera de los ciudadanos.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

La teoría de la configuración del tributo, rompe paradigmas y fija los ejes para el amparo de las próximas generaciones.

SACRIFICIO DEL ESTADO DE DERECHO POR LA CONVENIENCIA RECAUDATORIA.
El Estado de derecho y el principio de legalidad se encuentran estrechamente vinculados, en la medida que el avance y prosperidad de toda nacin, se obtendr a travs de instituciones pblicas slidas que se encuentren fortalecidas por una ntegra e inclume imparticin de justicia, y desde luego, por la voluntad democrtica de los gobernados de sujetarse a las normas que regulen el pacto social.

Como bien lo ha sealado el Ejecutivo de la Nacin en su Plan Nacional de Desarrollo, la sociedad exige un Estado democrtico de derecho, con una slida cultura de la legalidad, con certeza jurdica y seguridad para todos. Sin embargo, para traducir en realidad todos esos postulados, en no pocas ocasiones se traspone la dificultad para ponderar hasta qu punto la bsqueda de ese bien general, puede dar cabida al trastocamiento de ciertos derechos inherentes al sentido natural de la justicia, a travs de las normas y criterios que emanan de los poderes Legislativo y Judicial.

As es, todos los seres humanos tienen derechos universales que las legislaciones domsticas deben salvaguardar a travs de leyes y actos de autoridad que armonicen con la proteccin de su persona, familia, domicilio, papeles y documentos, lo cual se cumple taxativamente en nuestro pas a travs del artculo 16 de la Constitucin General de los Estados Unidos Mexicanos, as como a la proteccin de la propiedad privada y libertad personal, conforme lo reza el numeral 14 de la misma Ley Fundamental.

Ahora bien, precisamente en la aplicacin, interpretacin y fijacin de los alcances de esos dos fundamentos constitucionales, se han venido produciendo una serie de desencantos para la comunidad jurdica del pas y ciudadana en general, al ver que algunos de los criterios y actos de quienes en el ejercicio del poder constitucional referido en el artculo 49 de la Ley Suprema, han estado ajustando algunas normas, actos y criterios, para incrementar la obtencin de recursos que permitan el sostenimiento de nuestro sistema de gobierno.

Son entendibles esos acomodos del Estado de derecho, si suponemos que el fortalecimiento de los recursos pblicos se debe traducir en una mejora de los servicios pblicos, y que a su vez stos redundarn en el nivel de vida de los integrantes de la sociedad. Tambin se quiere dejar claro que no se trata de discutir o criticar las polticas implementadas por el gobierno para tratar de encontrar soluciones a las recurrentes crisis econmicas por las que ha venido transitando el pas, sino que lo que se pone en tela de duda es la falta de imaginacin legislativa que no es capaz de ponerse en los zapatos del gobernado y encontrar las frmulas para recaudar eficientemente, sin que se inhiba la productividad de los gobernados.

Tenemos que la adecuacin de leyes y marcos normativos emitidos por el Poder Legislativo, los actos de las unidades administrativas del Poder Ejecutivo, y algunos de los pronunciamientos del Mximo Tribunal de Justicia en el pas, no necesariamente se han venido a traducir en prosperidad y crecimiento para la economa familiar y empresarial, sino que por lo contrario, con la implantacin de un Estado de Derecho ms proclive a la autoridad y mayormente limitativo en cuanto a la proteccin de la propiedad privada, viene a detonar una serie de conflictos econmicos que impactan negativamente la percepcin de la sociedad.

Efectivamente, en materia impositiva, tanto los marcos normativos producidos por las legislaturas como los criterios judiciales en el mbito federal, constituyen un claro proteccionismo del erario pblico sin calcular el impacto producido en la economa de los contribuyentes, el establecer procedimientos administrativos de ejecucin cada vez ms agresivos, que no tienen otra finalidad que postrar de hinojos al contribuyente ante la autoridad, sin opciones reales de subsistencia operativa ante la implementacin de disposiciones legales que permiten inmobilizar, asegurar o embargar cuentas bancarias de contribuyentes.

Idntica situacin se observa si hacemos un anlisis histrico de la evolucin que ha tenido el juicio de amparo contra leyes fiscales, que en cuestin de unos cuantos aos, ha erigido una infranqueable barrera legislativa-judicial, en la que tal pareciera que hoy en da, nuestros legisladores se han convertido en unos verdaderos conocedores de aspectos constitucionalistas tributarios, al crear normas tributarias cuasi perfectas, cuando en otras materias menos tcnicas y complejas, contina manifestndose una deficiente produccin legislativa.

Otro ejemplo del quehacer legislativo de la ltima dcada, que ilustra el sacrificio del Estado de derecho en aras del crecimiento recaudatorio, es la adecuacin a los textos de leyes tan importantes como la Ley de Amparo, cuya reforma al artculo 135 estableci que tratndose de amparos contra el cobro de contribuciones, para obtener la suspensin del acto reclamado, y que sta surta sus efectos, se tendr que depositar en favor del Fisco Federal, el total en efectivo de la cantidad impugnada, lo que representa la estulta instrumentacin de un galimatas jurdico, ya que si un gobernado acude al amparo para solicitar la suspensin en el cobro de contribuciones, la ley le impone el pago anticipado del crdito, sin importar las circunstancias particulares del reclamo o la apreciacin del juzgador.

Por ello, como decamos, la axiologa de tales adecuaciones legislativas y de criterios consecuentes con los actos coactivos de autoridad, nos inclinan a pensar que se est subordinando el orden jurdico y la creacin de normas, al afn recaudatorio, perdindose de vista que para la confeccin de las normas reguladoras de la relacin fisco-gobernado, no solo se debe ponderar en la captacin de recursos pblicos, sino que se debe tener en cuenta tambin la condicin del sujeto frente al tributo, privilegiando los postulados de la suficiencia.

Los apremios presupuestales, por tanto, no deben primar sobre el Estado de derecho, ya que la colaboracin de los gobernados en el concurso de los gastos pblicos, requiere ser planteada a travs de leyes, actos y criterios judiciales que fortalezcan las instituciones del Estado, pero sin quebrantar la capacidad contributiva integral de los gobernados, respetando ese mnimo vital o existencial de los contribuyentes, que tambin ha sido referenciado a travs de diversos criterios por nuestro Alto Tribunal, lo cual ser motivo de otro anlisis por separado.


Por: Grupo Farías, Abogados Tributarios

Un problema. Una solución.
Grupo Farías, Abogados Tributarios.