La democracia bien entendida y aplicada por los pueblos, es el principal bastión para la producción de cuerpos normativos eficaces y justos, y en ese contexto, las leyes deben colmar la voluntad de los ciudadanos bajo el encausamiento de las instituciones del Estado.

Conforme lo publicado en la página electrónica de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en México hay 260 leyes del orden federal vigentes, existiendo igualmente un sinnúmero de leyes estatales, además de los ordenamientos municipales que deben regir en cada uno de los más de dos mil cuatrocientos ayuntamientos del país. Sin embargo, se percibe un reproche generalizado de la población, que siempre está cuestionando el trabajo realizado por quienes los representan ante el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales.

Si observamos esa diversidad de posibilidades para generar el trabajo legislativo que regula la convivencia entre los más de cien millones de personas que conforman esta gran nación, podremos entender lo difícil que se convierte la tarea de emitir normas jurídicas que satisfagan a la generalidad del conglomerado social. De ahí que derive la complejidad de la función legislativa a cualquier nivel, máxime en el ámbito federal, que debe satisfacer las necesidades y problemáticas generalizadas de todas las regiones del país, cuando no todas presentan las mismas características sociales, políticas y económicas.

Ahora bien, no porque la delicada y fundamental tarea de legislar resulte compleja, comprometida, y de perfiles políticos desgastantes, se debe claudicar a ese esfuerzo para alcanzar el punto intermedio de equilibrio entre los intereses que colisionan al regularse cualquier actividad que impacte a los individuos, su economía, su tranquilidad, sus propiedades, etc., ya que en la sabiduría del trabajo legislativo, estriba el orden y la prosperidad que puedan alcanzar los habitantes de un país.

Pero entonces, ¿por qué actualmente se encuentra tan vilipendiada la función parlamentaria?

Consideramos que en gran medida, ese desprestigio lo han forjado a pulso algunos de los representantes populares, al voltear la espalda a quienes los eligieron, ya que se presentan a su curul solamente para dormitar, hablar por celular, agredir a otros compañeros, cuando es que ni siquiera asisten a las sesiones de trabajo. Por ello es que en las encuestas de opinión, siempre encontramos a los partidos políticos, y todo lo que de ellos deriva –entre ellos los diputados-, en el último escalafón de confianza entre los gobernados.

Pero no debemos sentarnos a esperar que las cosas cambien por sí solas, o con quejas y gimoteos aislados que se pierden en el vacío, sino que como parte de un país con madurez democrática, debemos exigir trabajo apegado a nuestras expectativas, participando con una actitud más positiva, aportando nuestra opinión en encuestas, foros y todo tipo de medios vinculantes que puedan servir de orientación a los legisladores para que produzcan leyes en tal o cual sentido, y sobre todo, tener fe en nuestro país, que se destaca en el entorno latinoamericano y mundial por su riqueza histórica y cultural.

Confirámosle nuestra confianza a México, hagamos efectivo nuestro derecho al sufragio, que en gran medida, de nuestra decisión dependerá un trabajo positivo por parte de nuestros legisladores, pero también no dejemos que nuestra participación en la democracia ahí termine, sino que hay que investigar sobre las iniciativas de leyes federales y locales, para analizar las posturas de quienes las apoyan y se oponen a ellas, para que en su momento hagamos sentir la opinión ciudadana, que de ello mucho dependerán los criterios que se sigan al crear las normas que nos gobernarán. Solo así se podrá optimizar la eficacia legislativa.


Por: Grupo Farías, Abogados Tributarios