Martes 01 de Diciembre de 2020

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.

Un tribunal moderno, certero y eficaz que brinda seguridad jurídica a la inversión, coadyuvando con la estabilidad
social del Estado Mexicano.

FISCALIZACIÓN MULTILATERAL.

La fiscalización transfronteriza y multilateral abre un espacio para encontrar nuevas brechas de evasión y elusión fiscal.

EL CONGRESO MEXICANO.

Un ente estabilizador de la inversión, desarrollo y catapulta de la seguridad jurídica en México.

Las reformas estructurales en materia económica, tributaria, presupuestaria y financiera. Un reto materializarlas
en la esfera de los ciudadanos.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

La teoría de la configuración del tributo, rompe paradigmas y fija los ejes para el amparo de las próximas generaciones.

LA ACCIÓN COLECTIVA COMO INSTRUMENTO PARA INSTAURAR LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE.
La Procuradura de la Defensa del Contribuyente fue creada en ley en el ao 2006 , con la entrada en vigor de su Ley Orgnica, sin embargo, sta nunca fue materializada por el Ejecutivo Federal, quien deba ordenar su instauracin en todo el pas, para garantizar una defensa adecuada a todos los ciudadanos que no contaban con los recursos para combatir los actos arbitrarios de las autoridades fiscales y aduaneras. Con la reforma al artculo 17 Constitucional del 29 de julio de 2010, se abre el umbral para que los contribuyentes reclamen su instauracin al Gobierno Federal, mediante la Accin Colectiva.

El fin de la Procuradura de la Defensa del Contribuyente, de acuerdo con su Ley Orgnica, es proporcionar un servicio gratuito para el sector de la poblacin que no tiene acceso a los servicios legales de un despacho, o que requieren asesorarse sobre la aplicacin de determinado dispositivo legal tributario, con lo cual el Estado cumplira con tutelar a los mexicanos los derechos de defensa adecuada y de asistencia tributaria, protegidos por nuestra Constitucin.

En ese sentido, los mexicanos tenemos un inters comn en que se instaure la Procuradura de la Defensa del Contribuyente, sin embargo, el Gobierno Federal ha postergado injustificadamente su instauracin, a pesar de que la Ley Orgnica de dicho ente pblico, orden que se deba nombrar un Procurador de los derechos del contribuyente 30 das despus de la entrada en vigor de la mencionada ley.

Antes de la reforma al artculo 17 Constitucional, el inters colectivo de los contribuyentes en que se instaurara la mencionada Procuradura, no poda ser reclamado mediante las vas jurisdiccionales que contemplaban las leyes, no exista mecanismo efectivo para exigir al Estado Mexicano que se respete el derecho colectivo de los contribuyentes ante los Tribunales del Poder Judicial de la Federacin.

En efecto, qu ciudadano que pague impuestos, no querra acceder a la prestacin gratuita de servicios de asesora y defensa fiscal? Existe en Mxico, un amplio sector de la poblacin desprotegido ante los actos de las autoridades fiscales, que adems se ve afectado ao con ao ante las reformas legales que se realizan al sistema tributario, por lo que dicha asesora y defensa no se trata de una concesin graciosa de nuestro legislador, sino que es obligacin del Estado Mexicano legislar e instaurar un ente pblico autnomo para garantizar los derechos de defensa adecuada, de seguridad jurdica y de asistencia a los contribuyentes del pas.

A pesar de lo anterior, la incertidumbre de cundo se instaurar este organismo de defensa de los contribuyentes, se mantiene desde 2006, sin que exista justificante vlida para que el Senado elija al Procurador de la Defensa de los Contribuyentes, as como para que el Ejecutivo Federal inicie la implementacin de sus oficinas, se nombren asesores jurdicos y en general para que este organismo entre en funciones.

Con la reforma constitucional que incluy las Acciones Colectivas, se gesta el inicio del camino, donde los contribuyentes interesados en la instauracin de la citada procuradura, podrn unir sus esfuerzos en una sola accin ante los Tribunales, a fin de reclamar al Gobierno Federal la violacin a sus derechos tributarios, ante la omisin del Senado en elegir al defensor de los contribuyentes y del ejecutivo Federal en omitir su materializacin.

El nuevo tercer prrafo del artculo 17 constitucional, qued redactado de la siguiente manera:


Artculo 17. .

El Congreso de la Unin expedir las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarn las materias de aplicacin, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparacin del dao. Los jueces federales conocern de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos.


Pero, qu son las Acciones Colectivas? Esta accin que hoy es novedad en el derecho positivo de Mxico, tiene historia vasta en el derecho comparado, siendo el principal precursor de las mismas los Estados Unidos de Amrica, con las class actions, y en pases como Argentina (1994) Chile (2004), Brasil (1988), Panam (2006), Espaa (1978) y Colombia (1992), tambin han adoptado este instrumento de defensa de los derechos colectivos, tambin conocidos como intereses difusos.

Las acciones colectivas se disearon para proteger la ltima generacin de derechos de la colectividad: los derechos difusos o colectivos (valga la redundancia); nacieron como instrumento de proteccin de los derechos de los consumidores, contra los abusos de grandes monopolios o en general de cualquier organizacin de grandes proporciones, recordemos el grave problema de la industria cigarrera en los Estados Unidos y la victoria de los consumidores ante la falta de anuncios claros que prevengan sobre las afectaciones en su salud con motivo del consumo del tabaco.

Su uso se ha extendido a otras materias, como la ambiental, cuando un grupo social se ve afectado por actos de entes pblicos o privados que lesionan el derecho colectivo a tener un medio ambiente limpio, que asegure la sustentabilidad de la comunidad, e incluso para la proteccin de derechos econmicos, para frenar los abusos de las corporaciones crediticias.

Conforme a lo anterior, en su sentido lato, la accin colectiva tiene la finalidad de proteger todo tipo de intereses comunes, de tutelar los derechos difusos de un sector poblacional indefenso, en contra de entes pblicos o privados, cuyos actos generan violaciones a derechos fundamentales de un grupo social.

Entonces ser posible usar dicho instrumento judicial para reclamar al Gobierno Federal la instauracin de la Procuradura de los Derechos del Contribuyente?.

La interrogante anterior, nos obliga a definir dos temas centrales: 1. cules seran los derechos violados a los contribuyentes, por la omisin del Estado en el cumplimiento de la ley?, y; 2. Es posible combatir una omisin del Poder Ejecutivo en el cumplimiento de una Ley Federal?.
1. Derechos fundamentales violentados en materia tributaria ante la falta de cumplimiento de la Ley Orgnica de la Procuradura de la Defensa del Contribuyente.

A punto de llegar el ao 2011, el Estado Mexicano cumplir 5 aos de violar los derechos de seguridad jurdica, de legalidad, de defensa adecuada y el derecho a la asistencia de todos los contribuyentes mexicanos, que no cuentan con los recursos para contratar servicios de asesora fiscal o de defensa jurdico-tributaria, contra la aplicacin de leyes inconstitucionales, y de actos de las autoridades fiscales y aduaneras.

La mutacin constante del sistema positivo mexicano, as como la sobrerregulacin fiscal y aduanera, provoca que los contribuyentes no tengan la capacidad de conocer de forma plena todas las disposiciones fiscales que les son aplicables, o nuevas facultades que puede ejercer el Servicio de Administracin Tributaria en materia de fiscalizacin.

La omisin del Estado Mexicano en la instauracin de la Procuradura multicitada, viola el derecho a la asistencia de los contribuyentes consagrado en la Constitucin, en la Convencin Americana de los Derechos Humanos y en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente , porque no existe organismo ni disposiciones fiscales que brinden a los gobernados una eficaz explicacin y asesora de los dispositivos tributarios mexicanos e internacionales, pues como sabemos, las resoluciones miscelneas fiscales que se emiten cada ao y el servicio prestado por las oficinas de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administracin Tributaria, lejos de esclarecer la ley tributaria y su aplicacin, enrarece y entorpece el cumplimiento de las obligaciones contributivas.

Otra faceta de la violacin al derecho a la asistencia, consiste en que los contribuyentes no cuentan actualmente con un asesor gratuito que los apoye durante actos de comprobacin fiscales, como las revisiones de gabinete, o las visitas domiciliarias, e incluso las revisiones de dictamen; ni tampoco durante las fiscalizaciones en materia aduanera o de comercio exterior, como la verificacin de mercancas en transporte, las bajas injustificadas del padrn de importadores, las visitas al domicilio en materia de comercio exterior, el despacho aduanero, o la toma de muestras de mercancas de difcil identificacin, por mencionar algunos rubros.

Se violan tambin los principios de legalidad y de seguridad jurdica de los contribuyentes, contenidos en nuestra Constitucin y en el Pacto de San Jos de Costa Rica, porque el contribuyente queda en incertidumbre ante la omisin del Gobierno Federal, por la falta de instauracin y aplicacin de la Ley Orgnica de la referida Procuradura, lo que implica aplicar una partida presupuestaria y el nombramiento de todos los funcionarios que se encargarn de defender y asistir a los contribuyentes, as como habilitar las oficinas y delegaciones correspondientes en el pas, entre otras cosas; sin que a la fecha se informe o se explique la razn de la falta de cumplimiento de dicha ley.

En efecto, las autoridades han permanecido con actitudes infrtiles desde la entrada en vigor en 2006 de la Ley Orgnica de la Procuradura de la Defensa del Contribuyente, y casi 5 aos ms tarde, los contribuyentes continuamos cuestionndonos por qu el Gobierno Federal no ha ejecutado la Ley, mxime, que, como bien sabemos, sta Ley Orgnica emana de los representantes del pueblo, en el Congreso General.

Finalmente, pero no menos importante, est la violacin al derecho de todos los mexicanos de acceder a una defensa adecuada ante los Tribunales de la Federacin, pues la falta de ejecucin de la Ley Orgnica de la Procuradura de la Defensa del Contribuyente, implica arrebatar a los ciudadanos la posibilidad de tener un servidor pblico que los asesore y los defienda gratuitamente, contra las leyes o actos arbitrarios de las autoridades fiscales mexicanas.

En las materias civil, penal, laboral y administrativa, existen defensores de oficio para los ciudadanos que no pueden pagar servicios legales para defensa en dichas materias, mientras que en el mbito fiscal y aduanero, los contribuyentes permanecen en terreno despoblado ante la omisin del Estado Mexicano de materializar a ese Ombudsman Fiscal en Mxico.

2. La violacin por Omisin del Estado Mexicano.

Las violaciones a los derechos humanos de los gobernados que actualmente se reclaman en los Tribunales de la Federacin, se dan por actos legislativos, ejecutivos o jurisdiccionales, por emisin o aplicacin de leyes inconstitucionales, actuaciones arbitrarias de la autoridad en sus relaciones de supra-subordinacin, o por la emisin de sentencias que violan nuestra Carta Magna.

Todos los supuestos descritos en el prrafo anterior, implican la actividad de la autoridad. Es necesaria la emisin de la ley, la ejecucin de un acto que infrinja los derechos de los gobernados, o desplegar la actividad jurisdiccional de forma errnea, sin embargo, qu pasa con las omisiones de la autoridad?, es posible reclamar al Estado su inactividad?.

Este punto es fundamental, pues para reclamar la instauracin de la Procuradura de los Derechos del Contribuyente, se requerira imputar directamente la omisin de 5 aos del Ejecutivo Federal, de no cumplir con lo que establece la Ley Orgnica de dicha Procuradura, lo que ha mantenido la violacin a los derechos de asistencia completa en materia tributaria, de defensa adecuada, de seguridad jurdica y de legalidad.

En materia penal, existe la posibilidad de imputar una conducta de omisin al inculpado, por ejemplo, cuando falta a un deber de cuidado, o se comete un error vencible, pero a final de cuentas se puede sancionar al imputado cuando su omisin vulnera derechos de terceros, bastan como ejemplos, cuando se atropella a un transente por manejar en estado de ebriedad, o el caso donde un doctor acta con negligencia mdica.

Del mismo, modo, podemos establecer que las autoridades pueden incurrir en violaciones a los derechos fundamentales de los gobernados, por conductas de omisin, por ejemplo, cuando el Estado Mexicano firma y ratifica un tratado internacional que obliga a las partes a legislar en determinada materia y nunca se emite la ley correspondiente, o cuando las autoridades omiten desplegar su actividad, y con ello podra protegerse un derecho de una persona.

Pensemos en el caso de Ciudad Jurez, este caso lleg hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo una de las principales imputaciones al Estado de Chihuahua, la falta de investigacin de todos los casos de desaparicin de mujeres, por lo que en dicho supuesto, no se reclam una indebida actividad de la autoridad que viole derechos fundamentales, sino que se devela la inactividad del Estado.

Del mismo modo, en el caso de la Guardera ABC, se reclam del Estado de Sonora la falta de verificacin de las condiciones de seguridad, as como la ausencia en la inspeccin de las instalaciones y de la ubicacin de la mencionada guardera, lo que finalmente deriv en la muerte de varios nios, por lo cual, la omisin de cuidado de las autoridades fue uno de los principales motivos de la tragedia sucedida en Sonora.

As, existen muchos supuestos donde las autoridades pueden violar los derechos de los gobernados por inactividad. Como ltimo ejemplo, recordemos el Caso Atenco , que deriv en una investigacin de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin, en cuyo dictamen final se estableci que conforme a nuestra Constitucin y los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos firmados por Mxico, exista omisin legislativa del Estado en materia de regulacin de facultades y obligaciones de la Polica Preventiva, lo que en gran medida permiti que los elementos policacos actuaran de forma desmedida, violando la dignidad humana de los ciudadanos de dicho Municipio del Estado de Mxico.

Por ello, es procedente el reclamo de la inactividad del Estado cuando genera violaciones a los derechos fundamentales, tal como se demuestra en nuestro anlisis, donde el Gobierno Ejecutivo Federal y el Senado (en menor medida), por una parte han omitido designar al Procurador de los Derechos del Contribuyente, y por la otra, han postergado la instauracin de las oficinas federales de dicha procuradura y sus delegaciones en todos los Estados del territorio mexicano, ya que esta omisin dejan en indefensin a un sector amplio del pas que no puede pagar un abogado especializado en materia tributaria para instaurar un medio de defensa contra leyes o actos inconstitucionales de la materia, o que aplica de forma indebida las disposiciones fiscales, ante la falta de asesora y asistencia fiscal.


3. En espera de la ley reglamentaria.

Actualmente, an no ha sido emitida la ley reglamentaria del tercer prrafo del artculo 17 constitucional, pero del texto de dicho tercer prrafo, ya sabemos que los Juzgados de Distrito tendrn el monopolio de resolucin de las acciones colectivas que se les presenten, lo anterior, porque se manifiesta que Los jueces federales conocern de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos.

El referido artculo 17 tambin establece que la ley reglamentaria determinar cules sern las materias de aplicacin de las acciones colectivas, donde, me parece, est uno de los principales desafos de nuestro legislador, ya que ser el Congreso de la Unin quien decida cules sern los mbitos y materias sobre las cuales se podrn defender los intereses colectivos.

En efecto, la defensa de los contribuyentes, contra la omisin del Gobierno Federal en la instauracin de la Procuradura de los Derechos del Contribuyente, est supeditada a que la ley reglamentaria establezca de forma expresa que las acciones colectivas puedan interponerse contra las violaciones a los derechos humanos, provocadas por las autoridades en la rama tributaria. Depende del Congreso General, que las acciones colectivas abarquen la materia fiscal.

En la emisin de dicha ley reglamentaria, se demostrar si el legislador realmente pretende tutelar nuestra Constitucin y los Tratados Internacionales de forma amplia y en todas las materias, o si esta reforma constitucional solamente se gest para homologar la ley interna a las normas de derecho comparado en materia de defensa de derechos humanos, pero estableciendo a la vez obstculos para garantizar la subsistencia de ese Estado Mexicano arcaico, donde la presin y el hostigamiento a los contribuyentes se ejercen mecnicamente.

Finalmente, suponiendo que en la ley reglamentaria se establezca que las acciones colectivas incluirn la materia fiscal, se requerirn verdaderos especialistas en los Juzgados de Distrito, Tribunales Colegiados de Circuito, pero sobre todo en la Suprema Corte de Justicia de la Nacin, quien detentar la resolucin de este tipo de acciones por la funcin primaria que representa al Estado mexicano, deseando que en el futuro cualquier juez o magistrado pueda conocer de las mismas.


La reforma constitucional es un avance, pero el contenido de la Ley Reglamentaria del Tercer Prrafo del Artculo 17 Constitucional, nos permitir conocer plenamente los procedimientos, procesos, materias y alcances de las acciones colectivas, en las cuales se vislumbra la posibilidad de obligar al Estado Mexicano a instaurar la Procuradura de los Derechos del Contribuyente.

La oportunidad de crecimiento de Mxico, depende en gran medida de los instrumentos que se otorguen a los gobernados para exigir cuentas y acciones especficas a los gobernantes; sta es una oportunidad ideal para entregar en manos de los contribuyentes, un arma eficaz para conminar al gobierno a que cumpla con lo establecido en la Ley Orgnica de la Procuradura de la Defensa del Contribuyente, todo depende de que nuestro legislador incluya a la rama tributaria, como parte de los derechos que pueden ser tutelados por las acciones colectivas.

Es tiempo de creer en el servicio pblico, en el diseo de normas tributarias justas, en su correcta aplicacin por las autoridades, en un sistema de pesos y contrapesos real, y en ciudadanos conscientes de sus obligaciones contributivas, pero tambin conocedores de sus derechos, con herramientas eficientes y eficaces para defenderse y asesorarse, es el momento de crecer, hay que aprovecharlo.


Fuentes consultadas en la biblioteca jurdica virtual de la UNAM:

ALEXY, Robert, Teora de los derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1. Ed. 1993.
Gidi, Antonio. Las acciones colectivas y de tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales. Un modelo para pases de derecho civil. Mxico, Instituto de Investigaciones Jurdicas, Universidad Nacional Autnoma de Mxico. Serie Doctrina Jurdica, Nm. 151. Primera edicin: 2004.
Osvaldo Gozani, El desplazamiento de la nocin de derecho subjetivo por el acceso a la justicia sin restricciones, Boletn Mexicano de derecho comparado, Mxico, Boletn Mexicano de Derecho Comparado, Nueva Serie Ao XXVIII, Nmero 83, Mayo-Agosto. Ao 1995
Hernndez, Mara del Pilar, Mecanismos de Tutela de los Intereses Difusos y Colectivos, Mxico, Instituto de Investigaciones Jurdicas, Universidad Nacional Autnoma de Mxico. Serie Estudios doctrinales, Primera edicin: 1997.
Noyola Zarco, Raquel, Perspectivas de las acciones colectivas. Artculo publicado en la pgina de internet del Senado de la Repblica.
Ovalle Favela, Jos. Coordinador. Las acciones para la tutela de los intereses colectivos y de grupo. Mxico, Instituto de Investigaciones Jurdicas. Universidad Nacional Autnoma de Mxico. Serie Estudios Jurdicos, Nm. 60. Primera edicin: 2004.
Boletn Mexicano de Derecho Comparado.


Otras fuentes:

Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.
Convencin Americana de Derechos Humanos.
Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.
Portal de internet de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


Por: Grupo Farías, Abogados Tributarios

Un problema. Una solución.
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