Martes 01 de Diciembre de 2020

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.

Un tribunal moderno, certero y eficaz que brinda seguridad jurídica a la inversión, coadyuvando con la estabilidad
social del Estado Mexicano.

FISCALIZACIÓN MULTILATERAL.

La fiscalización transfronteriza y multilateral abre un espacio para encontrar nuevas brechas de evasión y elusión fiscal.

EL CONGRESO MEXICANO.

Un ente estabilizador de la inversión, desarrollo y catapulta de la seguridad jurídica en México.

Las reformas estructurales en materia económica, tributaria, presupuestaria y financiera. Un reto materializarlas
en la esfera de los ciudadanos.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

La teoría de la configuración del tributo, rompe paradigmas y fija los ejes para el amparo de las próximas generaciones.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
La reforma fiscal, incluye un apartado de modificaciones al Cdigo adjetivo tributario. El Cdigo Fiscal de la Federacin como eje especfico de las atribuciones de las autoridades, contiene una serie de modificaciones de gran relevancia, pues con su nueva estructura, se podr causar graves perjuicios a los contribuyentes sin respeto ptimo al principio de legalidad.

Ejemplo de lo anterior es la clusula antielusin que no slo trata de premiar el fondo contra forma, sino que deja en manos de la autoridad calificar la racionalidad de la operacin y la razn de negocios. Si bien es necesaria una transicin normativa donde se brinde mayor atribucin a la autoridad, sta no puede significar que los conceptos abstractos a que nos referimos, puedan quedar en sus manos para ser calificados, pues el principio de certeza ordenadora, subyacente dentro del principio de seguridad jurdica tributaria, exige de forma contundente que la norma sea inteligible, cierta y certera, no dejando en manos de la autoridad el manejo caprichoso de la conducta del sujeto, porque eso redundara en interpretaciones abstractas que daen, tanto la esfera jurdica del gobernado, como provocaran una alteracin material del hecho imponible, dndole un alcance discrecional a los actos considerados racionales o basados en la razn de negocio.

Otro cambio de suma importancia que altera el principio de secreca, ya sea bancaria o fiscal, que vulnera la intimidad del sujeto, es la revelacin bancaria de informacin confidencial y privilegiada para que la autoridad pueda conocer la identidad de todos aquellos que realizan operaciones activas o pasivas. El sistema financiero no slo ser un proveedor de informacin confidencial del sujeto, sino que ser el vehculo para regular la inscripcin de los sujetos, an con cuentas preexistentes. Su constitucionalidad ser vista desde ngulos diversos, porque varios derechos estn involucrados, como la proteccin a la intimidad, proteccin de datos personales, secreca de la informacin, reserva de la misma y otros aspectos constitucionales protegidos desde el amplio espectro de los derechos humanos, que con esta reforma, se vern alterados. En la reforma tambin se prev tener como domicilio fiscal a aqul que fue proporcionado ante la institucin bancaria.

Un cambio significativo es la posibilidad para que el trmite de la fiel se pueda realizar a travs de apoderado o representante legal, en caso de que sea imposible hacerlo. En cuanto a los comprobantes fiscales, si el contribuyente desaparece, se le negar el certificado para poder emitir sus comprobantes digitales a fin de que no pueda expedir stos. El buzn tributario, si bien constituye una herramienta moderna e innovadora, las notificaciones de carcter personal, los requerimientos de informacin o la realizacin de actos de comprobacin por esta va, pudiera generar incertidumbre en cuanto a la posibilidad de que valoren con toda precisin las pruebas aportadas por el sujeto. En lo relativo al pago de contribuciones, la tarjeta de crdito y debito ser una herramienta para cumplir con la obligacin. Las devoluciones de impuestos se harn normal pero sus requerimientos se podrn notificar electrnicamente para agilizarlos.

Por otra parte, se establece en el artculo 26 del Cdigo Fiscal, en tratndose de responsabilidad solidaria, que la responsabilidad ser hasta la parte proporcional de su aportacin y se incorpora una nueva figura de responsabilidad para albaceas de la sucesin. En cuanto a la obligacin de presentar avisos, se reduce el plazo de 30 a 10 das a los que cambien su domicilio. Lo delicado de esta reforma es que si no los encuentra la autoridad en el nuevo domicilio, no surtir efectos el mismo, dejando en manos de la autoridad una calificacin ilegal. La reforma busca fomentar el uso de comprobantes digitales a fin de reducir informacin como la proporcionada en la DIOT y se elimina la obligatoriedad de presentar dictamen fiscal, que aunque habr nuevos formatos para presentacin de informacin, ya no se podr revisar con la secuencial, porque aunque haya sido dictaminada durante el periodo que estuvo vigente el artculo 52 y 52-A, del Cdigo, en automtico, al ser una norma de procedimiento, se elimina la posibilidad de realizar mediante el procedimiento de revisin secuencial aquellos dictaminados que lo hicieron en el pasado. De la misma forma. El incumplimiento en las obligaciones fiscales, impedirn a las personas fsicas o morales concursar en licitaciones del Gobierno federal, que si bien en la fecha ya se contempla esa situacin, hoy con la reforma se agudizan las condiciones para ello.

Un tema de gran importancia para el desarrollo empresarial estuvo sustentado en los aseguramientos que se practicaron en el pasado. Recordemos que desde el 5 de enero de 2004, nuestro Cdigo Fiscal regul al embargo, aseguramiento e inmovilizacin como tres figuras en el derecho tributario, que tienden ayudar a la autoridad a cumplir con su misin comprobadora. Por ello se modifica el artculo 40 fraccin III del Cdigo, a fin de que el aseguramiento slo se practique como medida de apremio- en los casos que el gobernado no se encuentre en el domicilio fiscal. Adems; se fijar el orden de aplicacin de las medidas de apremio y se dotar de facultades a las autoridades para realizar una determinacin provisional e incluso, podrn asegurar todos los bienes cuando se trate de de contribuyentes no registrados al RFC.

Por su parte, un cambio fundamental para el sistema, pero que pudiera dejar en incertidumbre a un gran nmero de contribuyentes, es la reforma al artculo 48 del Cdigo, que regula la revisin de gabinete; misma que con la reforma podr practicarse por buzn electrnico y dar facultades a la autoridades para realizar determinaciones provisionales. Hasta hoy el sistema jurdico mexicano funciona con determinaciones definitivas no de carcter provisional y habr que verificar la procedencia en el contencioso administrativo a la luz del artculo 14 de la Ley orgnica del TFJFA, toda vez que dicho precepto no se modifica en la reforma. De la misma forma, por buzn electrnico podrn ser practicadas las compulsas, sin embargo, este mecanismo no brindara certeza para el fiscalizado, que el compulsado, al no recibir, no contestar o no atender la peticin electrnica, genere consecuencias directas o indirectas a la esfera del fiscalizado, por una omisin que slo es imputable al compulsado.

El otras cosas, el principio non bis in idem que se ha defendido en los Tribunales y que ahora opera en visitas ms no en revisiones de gabinete, puede ser vulnerado con la modificacin a la reforma fiscal, pues en la actualidad se establecen los casos para reiniciar un acto de comprobacin cuando se conozcan hechos diferentes no revisados o provengan de terceros, sin embargo, la reforma abre un paraguas para ser fiscalizado, an con las condiciones anteriores, pero en un espectro amplio que podra lesionar la esfera jurdica de los doblemente fiscalizados.

En la actualidad, la mayora de las determinaciones fiscales en el pas, se han sustentado con el artculo 59 fraccin III del Cdigo, pero con la reforma se abren dos posibilidades sumamente peligrosas con la propuesta de los artculos 58 y 58-A, que pueden daar la esfera de los causantes, ya que se dota a la autoridad de atribuciones para modificar el precio en que los contribuyentes enajenen los bienes y otra; se faculta para determinar sobre los ingresos brutos de los causantes y pueden modificar la utilidad o prdida fiscal. Estas dos nuevas facultades estn por encima del sistema de autodeterminacin del hecho imponible y pueden ser materia de controversia. La reforma tambin mejora el procedimiento de auto correccin en materia de pago en parcialidades brindando facilidades para que stas puedan ser asequibles a los gobernados, Incluso se fijan porcentajes de 40% basados en las utilidades del ejercicio anterior, aunque lo que sigue sin regularse, es la mecnica, el procedimiento y la forma de ejecucin del pago diferido, pues si bien el Cdigo regula dentro del pago a plazos, las modalidades para el pago en parcialidades y pago diferido, seala el procedimiento del primero, pero no regula las modalidades del pago diferido, lo que dicha omisin pudiera ser reclamada en la va constitucional por omisin.

Un tema que ser materia de controversia es la regulacin del secreto fiscal, que expone discrecionalmente fuera del marco constitucional a los causantes, pues ya no se contar con una reserva fiscal total en el artculo 69, sino que ahora hablaremos de una reserva relativa, que tiende a exponer la informacin del sujeto si ste no cumple y lo limita, si cumple a juicio de la autoridad. Esta discrecionalidad es inconstitucional, en tanto que deja en manos de la autoridad la calificacin del cumplimiento. El dao generado para los sujetos pasivos, permitir se suba a su pgina de internet el nombre de las personas que el fisco considera riesgosa el realizar operaciones con ellos. Se publicar la informacin de contribuyentes no cumplidos y se entiende que s se demora en presentar 3 declaraciones peridicas, se tendr por incumplido o 6 si no son de carcter peridico.

En materia de comprobantes fiscales, se ha considerado que los esquemas de evasin han evolucionado al margen de la ley. Se considera que el uso de comprobantes fiscales legtimos, son una prctica que ha erosionado al fisco, pues pese a los controles y seguridad en ellos, disminuy el uso de comprobantes apcrifos, pero no as de comprobantes legtimos. Se considera que la apertura de empresas para traficar comprobantes es muy comn y por ello, las empresas que tienen un objeto social muy amplio, que se crean y tienen una vida fiscal muy corta o con operaciones cortas, cuando se contemplan hechos que no se realizaron; se cobra comisin en las mismas, no tiene personal para llevar a cabo las operaciones, no tiene activos o no son idneos para prestar los servicios, se tienen cuentas bancarias con saldos mnimos cuando en realidad realizaron operaciones elevadas, se trata de sociedades que no son localizadas. De la misma manera; se encontraron patrones en donde las sociedades se encuentran activas durante un perodo y luego se vuelven no localizables. Sus ingresos en el ejercicio de que se trate son casi idnticos a sus deducciones o bien, stas son mayores por escaso margen, prestan servicios y a la vez reciben servicios por casi exactamente los mismos montos y comparten domicilios con otros contribuyentes tambin prestadores de servicios.

Si bien se propone un artculo 69-B que crea un procedimiento dirigido a sancionar y neutralizar este esquema, consideramos que el mismo es inconstitucional, pues con dicho precepto cuestionara operaciones entre partes relacionadas que realicen legtimamente operaciones, ya sea con sus tesoreras, administradoras de fondos o empresas administradoras, lo cual dejara al escaso arbitrio de la autoridad calificar una conducta que para ellos es punible, pero que en la vida prctica, viven de las comisiones o cargos ordinarios por la administracin del negocio. Si bien se pretende dar la garanta de audiencia a los sujetos, la violacin a los derechos resulta que sus datos seran publicados en un padrn especial del SAT donde se manifieste la presuncin de que las operaciones amparadas por los comprobantes fiscales por ellos emitidos, nunca existieron y, por tanto, tales comprobantes no deben producir efecto fiscal alguno. No obstante ello, esta calificacin se har ipso facto sin que est firme la citada resolucin.

Una de las actividades ms preocupantes de esta actividad es la prevista en la calificacin del hecho imponible que la autoridad realiza conforme el artculo 5 del Cdigo Tributario y que concatenada con la nueva facultad, le permitir al fisco decidir y evaluar si el contribuyente persisti en la utilizacin de comprobantes que simulan actos u operaciones, entonces proceder a recalcular el pago de contribuciones, sin tomar en cuenta dichos comprobantes y, en su caso, a liquidar las diferencias que procedan. Desde luego, igualmente procedera por la va penal correspondiente en virtud de la simulacin que las conductas actualizan. De aqu la importancia en el reclamo de la constitucionalidad del artculo 5 del Cdigo Fiscal de la Federacin que le permite a la autoridad calificar la racionalidad del negocio, atribuyendo facultades que slo el legislador puede plasma en la ley.

Por otro lado, se crea el esquema de Acuerdos Conclusivos, mediante la adicin de un Captulo II, denominado De los Acuerdos Conclusivos, en el Ttulo III del Cdigo Fiscal de la Federacin. Dichos acuerdos no son sino una recategorizacin de la justicia de ventanilla pero a travs de la Procurara de la Defensa del Contribuyente, con lo cual se propiciara que el procedimiento para llegar a los acuerdos conclusivos se desarrolle de manera transparente y, en caso de alcanzarse stos, dicha Institucin constatara que los mismos se encuentren apegados a las disposiciones jurdicas aplicables. Si bien el acuerdo conclusiva permite la condonacin de las multas, la cuestionante que hoy surge en material tributaria es si esos acuerdos solo sern vlidos respecto de la competencia por cuanta o podrn accede a ellos todas las personas, an cuando la cuanta sea indeterminada, pero por encima de los referenciales para asumir competencia por parte de la Procuradura.

En la reforma propuesta al Cdigo, tambin se adiciona una modificacin al artculo 74 del Cdigo Fiscal de la Federacin, con la finalidad de que los parmetros para el otorgamiento de la condonacin de hasta el 100% de las multas y se propone reformar el artculo 81, fracciones XXXVI, XXXVII, XXXVIII y XXXIX, para prever las infracciones correspondientes, y la adicin de la fraccin XXXVI al artculo 82 del Cdigo Fiscal de la Federacin, para establecer una multa en el caso de incumplimiento a lo dispuesto en la fraccin XXXVII del primero de los preceptos mencionados. En adicin al captulo de infracciones, tambin se redisean las infracciones a marbertes y precintos y cigarros labrados. Estas facultades no operan solo desde el mbito sancionatorio, sino que modifican la fraccin V del artculo 42, dando facultades a las autoridades fiscales para que en las visitas domiciliarias puedan verificar que las cajetillas de cigarros para su venta en Mxico contengan impreso el cdigo de seguridad o, en su caso, que ste sea autntico. Se modifica el artculo 86-G, mediante el cual se establece como infraccin el hecho de que los productores, fabricantes e importadores de cigarros y otros tabacos labrados, con excepcin de puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano, no impriman el cdigo de seguridad en cada una de las cajetillas de cigarros para su venta en Mxico. En el artculo 86-H, se establecen los montos de las multas por las infracciones sealadas en el artculo 86-G, as como la facultad de clausurar el establecimiento en aquellos casos en que se determine la reincidencia, especificando el procedimiento para llevarla a cabo, con pleno respeto al derecho de audiencia del contribuyente. Asimismo se modifica el artculo 86-I, para establecer como infraccin a quienes almacenen, vendan, enajenen o distribuyan en Mxico cajetillas de cigarros y otros tabacos labrados, con excepcin de puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano; que los productos no contengan impreso el cdigo de seguridad previsto en el artculo 19, fraccin XXII, de la Ley del Impuesto Especial sobre Produccin y Servicios, o el que contengan sea apcrifo y artculo 86-J para establecer el monto de las multas cuando se cometan las infracciones sealadas en el artculo 86-I, y la facultad de asegurar la mercanca, la cual pasara a propiedad del fisco federal para su destruccin.

La iniciativa de forma inconstitucional tambin contempla que actualmente contadores, abogados, agentes aduanales y otros profesionistas, tcnicos o sus auxiliares, evaden la accin de la justicia bajo la excusa de la reserva en la informacin o secreto profesional o de que su intervencin se limita a una sugerencia u opinin, que puede o no ser tomada en cuenta por el contribuyente. Asimismo, se indica que los delitos fiscales constituyen un querer y entender el incumplimiento de obligaciones fiscales de carcter preponderantemente patrimonial, por lo que el dao o puesta en peligro de los bienes jurdicos tutelados, tales como la hacienda pblica o el sistema tributario por parte de dichos peritos o expertos, debe ser reprochado cuando su asesora o desarrollo tcnico se contrate o convenga, y el actuar sea ilcito o contrario a las disposiciones legales, en concordancia con las hiptesis de participacin que prev el artculo 95 del Cdigo Fiscal de la Federacin. En ese entendido, se propone la adicin de un artculo 95-B en el que se precise en qu casos tambin esos profesionistas son responsables con motivo de su actividad profesional. Este precepto es inconstitucional desde la perspectiva que viola uno de los principios de la persecucin del delito, en el sentido que stos no son trascendentales y aqu, trascienden a la esfera del asesor, sin que exista una categorizacin de quin es un profesional contable, jurdico o quin alcanza la categora de auxiliar. La reforma adems de violar el principio de persecucin, tambin viola el ne bis in idem en materia tributaria, pues adems de sancionar a la persona fsica con el reproche legal, tambin sujetarn a sanciones a la persona moral, cuando su categora abstracta no es punible y el bajar la sancin a su esfera, adems de la imputada al representante, implica una doble actividad del Estado, el cual est compelido a elegir una de ellas, no ambas, porque entonces, seran desproporcionales desde la ptica de la aplicacin de la sancin.


Temas que resultan tambin inconstitucionales en la reforma son la posibilidad de practicar el decomiso, la suspensin de actividades, la prohibicin de realizar determinadas operaciones, la remocin del administrador y la disolucin, son otras de las medidas que tendr el juzgador para sancionar a la persona moral; pero dichas medidas no son adecuadas con el fin perseguido y por tanto se consideran desproporcionales. Por primera vez se propone establecer lo concerniente a la responsabilidad penal de las personas morales y sus sanciones, en los artculos 95-C, 97-A, 97-B, 97-C, 97-D, 97-E, y 97-F, sin embargo, esto se contrapone a la teora del delito de forma universal, toda vez que la accin cognitiva o volitiva necesaria para la comisin del delito fiscal recae nicamente en personas fsicas sin que se entienda que las morales tienen una conducta o voluntad de cometer por s mismas el ilcito, independientemente de que se le atribuya a la persona fsica la responsabilidad de sta.
Una preocupacin que se gesta en el mbito punitivo es la llamada presuncin de evasin fiscal por lavado de dinero, ya que si vinculamos este precepto con la fraccin III del artculo 113, se advierte que se pretende sancionar penalmente a quienes expidan, adquieran o enajenen comprobantes fiscales de actos jurdicos simulados, toda vez que la criminalidad en materia fiscal ha venido sofisticando los medios y mtodos para cometer delitos en agravio del fisco federal, pero esa calificacin de evasin, de actos simulados y falta de razn de negocios, torna inconstitucional dicha reforma.

En la propuesta de modificacin de la fraccin V del artculo 110 del Cdigo Fiscal de la Federacin para sustituir el tipo penal de desocupar el local por el de desaparecer del lugar. Se puede prestar a mltiples interpretaciones, pues se adiciona un segundo prrafo precisando en qu casos se actualiza tal figura, al referirse al hecho de que la autoridad acuda en tres ocasiones consecutivas al domicilio fiscal del contribuyente dentro de un perodo de doce meses y no pueda practicar la diligencia correspondiente de manera personal, lo que implicara el ejercicio de la accin penal sin haber constancia fehaciente que desocup el inmueble, sobre todo en aquellos domicilios de profesionistas que su actividad se realiza fuera del mismo y que no necesariamente tienen a secretarias o personal de apoyo para atender las diligencias.

En cuanto al procedimiento administrativo de ejecucin, se propone reformar el Captulo III, Del Procedimiento Administrativo de Ejecucin, del Ttulo V del Cdigo Fiscal de la Federacin, con el objeto de modificar el actual procedimiento administrativo de ejecucin a efecto de hacerlo ms eficiente y oportuno, respetando en todo momento los derechos del contribuyente. Se estima que con este nuevo esquema, el cobro de un crdito fiscal mediante dicho procedimiento se realizar en un plazo de 4 meses, en los casos en que los deudores no presenten ningn medio de defensa, y hasta 3.6 aos cuando se interpongan recursos y el inters fiscal no se encuentre garantizado, lo cual reducira considerablemente los actuales plazos y aumentara la probabilidad de cobro de los crditos fiscales. El problema de dicha modificacin es que fusionan los recursos del artculo 127, 129 y 175 y pretenden que en un slo momento se promueva el mismo. Lo que permitira abusos de la autoridad, al realizar la exaccin, incluso con extraccin de bienes, y obligar al sujeto que espere meses o aos a que llegue la fase idnea para su impugnacin. Adems, que sustancialmente se reduce el plazo para garantizar el crdito fiscal que hoy es de 45 das, reducindolos a plazo de 15, das en perjuicio de los justiciables, porque permitiran una ejecucin mucho ms rpida que el plazo que le otorga la ley para presentar los medios de defensa. Una acotacin primaria que se presente hacer en material de medios de defensa, es que slo el recurso de revocacin se podr promover por buzn tributario, reduciendo el plazo de 45 a 15 das siguientes a aqul en que haya surtido efectos la notificacin de la resolucin impugnada, negando la posibilidad de defensa para muchos sectores de la sociedad, porque muchos no tienen acceso a internet y en otras ocasiones, permitir que la exaccin coactiva se lleve a cabo antes de que venza el plazo legal, permitira generar una presin extraordinaria antes de poder acceder a las medidas cautelares o de proteccin que otorga la ley, que aunque se prevean medidas alternativas para los que no tengan buzn tributario, hoy ser materia de prueba demostrar que no se tiene el citado buzn.

En la reforma tambin se propone de forma ilegal, modificar el artculo 143 del Cdigo Fiscal de la Federacin a efecto de eliminar la posibilidad de que las afianzadoras impugnen el requerimiento de pago realizado por la autoridad ejecutora y que ste sea improcedente mediante juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en funcin de la naturaleza de las afianzadoras, que es precisamente responder por obligaciones de terceros en funcin de un contrato. Asimismo, se propone que las fianzas se hagan efectivas a travs de un procedimiento especial con el cual exista mayor certeza en el cobro efectivo de stas, establecindose para las afianzadoras la posibilidad de asegurar el pago de sus obligaciones a travs de la realizacin de sus ttulos o valores por parte de las instituciones financieras o casa de bolsa en las que se encuentren depositados, eliminndose el procedimiento que actualmente establece dicho artculo.
Se fortalece la medida de embargos precautorios del artculo 145 del Cdigo Fiscal de la Federacin para establecer cules son los supuestos en los que ste procede; hasta por qu montos se realiza; el orden que deber seguirse al sealar los bienes; cmo se llevar a cabo su notificacin, y el procedimiento para dejarlo sin efectos. Con este procedimiento se faculta a la autoridad para hacer cobros ms agresivos en perjuicio del contribuyente. Si bien se deroga el artculo 145 A del Cdigo que contemplaba la figura del aseguramiento, esto ocurre porque la misma se traslada al artculo 40 fraccin III, entonces en el derecho mexicano seguir existiendo el embargo, aseguramiento e inmovilizacin.

La modificacin de la fraccin I del artculo 151 del Cdigo Fiscal de la Federacin, a fin de incluir el embargo de depsitos o seguros, como una va para hacer efectivos los crditos fiscales, es inconstitucional, porque permite al fisco gravar aquello que constituye el aseguramiento mnimo futuro de las personas.

Una reforma agresiva es la del artculo 152 del Cdigo Fiscal de la Federacin, que prev la posibilidad de que la autoridad realice el embargo donde se localicen bienes propiedad del deudor susceptibles de embargo, y no solamente en el domicilio de ste, toda vez que, en la prctica, existen deudores que en el domicilio fiscal no tienen bienes y los que existen en l, pueden pertenecer a otra persona (moral o fsica), pero que s cuentan con bienes en otro domicilio, que no es el fiscal. De la misma manera, pretenden restringir una garanta fundamental del artculo 16 constitucional de que todo acto sea fundado y motivado, sin importar que se trate de actas, pues las relativas del artculo 152 del Cdigo, si estn obligadas en cumplir con el artculo 38 del Cdigo Fiscal de la Federacin, como en la actualidad se propone en dicho numeral, ya que es la nica forma de garantizar que la diligencia se practique cumpliendo con todos los requisitos del artculo 155 y respetando las excepciones del artculo 157 del mismo ordenamiento legal.

Se retoma una prctica anticuada en el artculo 153 del Cdigo Fiscal de la Federacin, al prever la posibilidad de que el ejecutor coloque sellos o marcas oficiales para identificar los bienes embargados, como elemento de certeza para la autoridad respecto de cules son los bienes sobre los que se trab el embargo, al mismo tiempo que se otorga certidumbre jurdica al contribuyente sobre los mismos, evitando adems su sustitucin o la disposicin de stos, por error, por parte del contribuyente o terceras personas.

Asimismo, resulta inconstitucional que un deudor del sujeto pasivo, sea objeto del procedimiento administrativo de ejecucin en caso de desobediencia al requerimiento que haga la autoridad a los deudores del embargado para que paguen las cantidades respectivas. Por ello, la modificacin del artculo 160 del Cdigo Fiscal de la Federacin resulta inconstitucional.

En la propuesta, se propone modificar el artculo 175 del ordenamiento en comento, a efecto de eliminar la posibilidad de que el embargado y la autoridad establezcan de comn acuerdo el valor de los bienes, en virtud de que en la prctica dicha posibilidad no se ejerce, siendo los avalos periciales la nica base para la enajenacin de los bienes. Asimismo, se propone integrar el recurso administrativo de revocacin en contra de la determinacin del valor de bienes embargados, al que se promueve en contra del procedimiento administrativo de ejecucin cuando se alegue que ste no se ha ajustado a la ley a fin de evitar que con ello los contribuyentes retarden el procedimiento administrativo de ejecucin, lo cual lo podr realizar dentro de los 10 das siguientes a la fecha de publicacin de la convocatoria de remate, en los trminos del artculo 127 del Cdigo Fiscal de la Federacin.

En cuanto al artculo 184 del Cdigo Fiscal de la Federacin se propone permitir a las autoridades fiscales adjudicar un bien embargado al postor que haya presentado la segunda postura de compra ms alta y as sucesivamente, siempre que dicha postura sea mayor o igual al precio base de enajenacin. Lo anterior, con el fin de homologar este procedimiento con el que sigue el Instituto del Seguro Social en materia de enajenacin y administracin de bienes adjudicados con motivo de la aplicacin del procedimiento administrativo de ejecucin. Se considera conveniente en la reforma, modificar el artculo 196 del Cdigo Fiscal de la Federacin, a efecto de regular el supuesto del embargo y remate de bienes para cubrir los crditos fiscales pendientes de pago, en los casos en que el valor de stos supera el monto de los adeudos y son adjudicados a favor del fisco federal; casos en los cuales debe reintegrarse a los contribuyentes la diferencia en numerario, situacin que provoca que deba entregarse dinero, cuando lo que ingres al dominio federal fueron bienes inmuebles. En ese contexto, la propuesta de reforma consiste en que los excedentes del valor de los bienes sean entregados al contribuyente hasta que el bien se enajene y, como producto de dicha enajenacin, se entregue la cantidad que corresponda, previendo que si el bien no ha sido enajenado dentro del plazo de dos aos, contados a partir de la adjudicacin, el excedente del valor del bien s se entregar al deudor en numerario, tal y como el texto vigente lo dispone. Esta actividad es inconstitucional en la medida que el fisco debera adjudicarse tipo copropiedad, slo la parte alcuota que represente el crdito federal, fungiendo como un copropietario en materia registral, pero resulta contrario a derecho, que se adjudique todo y se condicione la devolucin dos aos posteriores a que ocurra, sin que se incluya los intereses, y sobre un valor no catastral o de avalu sino de adjudicacin.

Se incorpora una figura aduanera al sistema fiscal en el artculo 196-A del Cdigo Fiscal de la Federacin, para precisar en qu casos los bienes causan abandono y pasan a propiedad del fisco federal, eliminando una de las etapas procesales, con la finalidad de hacer ms expedito este procedimiento y evitar impugnaciones que retarden el proceso de transferencia al Servicio de Administracin y Enajenacin de Bienes, en los trminos de la Ley de la materia.
Las reformas a los artculos 40 y 40-A, en vinculacin con el artculo 156 bis, del Cdigo Fiscal de la Federacin se faculta a las autoridades fiscales para practicar medidas como el aseguramiento de depsitos bancarios, seguros u otro depsito en moneda nacional o extranjera que se realice en cualquier tipo de cuenta que tenga a su nombre el contribuyente en las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y prstamo, o de inversiones y valores, cuando ste adopte conductas o actitudes encaminadas a evadir el cumplimiento de sus obligaciones, por haber desaparecido; no proporcionar el cambio de su domicilio fiscal, u oponerse al desempeo de las funciones de la autoridad fiscal; prcticas que impiden a la autoridad el ejercicio de sus facultades de comprobacin y la consecuente determinacin de crditos fiscales, cuando se ha omitido el pago de contribuciones, o que se sealen bienes para trabar embargo y hacer posible la recuperacin de adeudos, resulta contraria a derecho, porque no slo impiden el ejercicio de la actividad del sujeto pasivo, sino que provocan la traba sobre bienes legalmente inembargables.
Con la modificacin del mismo artculo 156-Ter la referencia a llevar a cabo el embargo de cuentas, porque esto se encuentra previsto en el artculo 155, fraccin I. En cambio, en el artculo 156 Ter se prev la inmovilizacin de depsitos y seguros como medida alterna de cobro. Lo grave de esta modificacin es que los embargos de cuentas bancarias, ya no se considerarn como garanta, lo que impedira solicitar las medidas cautelares al TFJFA.

Finalmente, una actividad esperada, pero que se considera grave, es el plazo de prescripcin, por lo que la propuesta de reforma del artculo 146 del Cdigo Fiscal de la Federacin, con el propsito de establecer un plazo mximo de diez aos para que se configure la extincin de los crditos fiscales, dejara en incertidumbre el plazo por el que debe responder por la negligencia del estado, pues a diferencia de la caducidad, en la prescripcin, se presume la existencia de un crdito fiscal determinado, ya sea firme o no y la persecucin fiscal, ahora se extendera sin una justificacin objetiva, violando el principio de interdiccin de la arbitrariedad.


Por: Grupo Faras, Abogados Tributarios.

Un problema. Una solución.
Grupo Farías, Abogados Tributarios.