La promoción de este recurso constitucional ha venido tomando cada vez mayor relevancia como medio de defensa eficaz en contra de los actos de las autoridades que incumplen en su emisión con los requisitos fundamentales que ordena para esos actos la Constitución Polìtica de los Estados Unidos Mexicanos.

Resulta procedente su promoción, a manera de ejemplo, en contra de una orden de visita domiciliaria que afecta directa e inmediatamente las garantías de legalidad y de seguridad jurídica de la persona que es objeto de la visita, por lo que no es necesario esperar a que llegue a su fin la visita domiciliaria para poder combatir la ilegalidad.