La finalidad de este capítulo es proporcionar asesoría jurídica y soporte legal a nuestros clientes durante el desarrollo de los procedimientos de fiscalización que llevan a cabo las autoridades hacendarias, de los cuales pudieran derivarse irregularidades que se traducirían en eventuales infracciones o delitos fiscales. Este servicio está diseñado para evitar, dentro del marco de la legalidad, que su empresa sea sancionada o que los socios deban enfrentar responsabilidades de tipo penal.


En este sentido, nuestra función se centra en verificar los niveles de complejidad y de gravedad que pueden implicar para su empresa las salvedades, opiniones negativas o cualesquier abstención de opinión emitida a través de dictamen fiscal, determinando si la facultad de comprobación fue debidamente ejercida por parte de la autoridad.